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El Tribunal Supremo ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar 60.000 euros a los padres de un niño que nació con una parálisis en el brazo, debido a lo que sufrió durante el proceso del parto, que tuvo lugar en el Hospital de San Juan hace seis años. Tanto el padre como la madre recibirán una compensación de 30.000 euros cada uno por los daños morales derivados de no haber sido informados del riesgo que conllevaba el alumbramiento de gemelos. La sentencia ratifica parte de otra del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la que se condena a Sanidad a pagar 150.253 euros de indemnización al niño y 30.000 euros para cada progenitor por el daño moral sufrido. Esta resolución fue recurrida por el Conselll y ahora el Supremo ratifica la compensación para los padres, si bien admite revisar la cuantía de la indemnización establecida para el menor. Esta sentencia es de las pocas que obligan a la Generalitat a pagar específicamente en concepto de daños morales, ya que, según explica el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, “generalmente se incluye todo dentro del apartado de la responsabilidad civil”. El caso de esta pareja se remonta a noviembre de 2003 cuando la mujer se puso de parto de gemelos y fue atendida en el Hospital de San Juan. Según el fallo del Tribunal Superior de Justicia, los antecedentes inmediatos al parto y la situación en la que se encontraban los fetos hacía necesaria una cesárea y no asumir un parto por vía vaginal como se realizó, sin contar con el consentimiento de los padres, ni advertirles de las posibles complicaciones. El primero de los bebés precisó de una reanimación y de dos transfusiones sanguíneas, mientras que el segundo se colocó de nalgas y sufrió una parálisis “irreversible” del brazo. La sentencia también es novedosa en cuanto que obliga a informar también al padre de los riesgos en el parto. En este sentido, “el consentimiento informado -documento por el que se explica y se pide autorización para el paciente ante una intervención-, tratándose de un alumbramiento, debe practicarse con los dos progenitores, pues a ambos les corresponde el derecho a la información sobre las circunstancias que pueden afectar al nacimiento y, por tanto, a la adopción de decisiones”. El Consentimiento Informado sólo es obligatorio en la práctica de cesáreas o en partos vaginales de riesgos y sólo es solicitada a la paciente, la madre. Pese a que el fallo del Supremo se remonta al pasado 18 de noviembre, los padres del menor denuncian que todavía no han cobrado la indemnización de 60.000 euros. Se sobrepasa, de esta manera, el plazo de dos meses exigido para el cumplimiento de la sentencia. En este sentido, los abogados de la pareja ya han anunciado que en los próximos días, si no se recibe el dinero, interpondrán una demanda de ejecución de la sentencia.

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